Aunque muchos de nuestros clientes, ya cuentan con una Firma Electrónica para comunicarse con Hacienda de forma telemática, cuya obtención le hemos ayudado a gestionar, consiguiendo una mayor agilidad y eficacia en nuestras gestiones con la Administración, si es cierto que aún quedan unos pocos que se “resisten al cambio”.

Bien, pues desde el pasado 2 de octubre de 2016, con la entra en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resistencia a las nuevas tecnologías se hace más difícil, al existir la obligación para las personas jurídicas de relacionarse a través de la Firma Electrónica con las Administraciones Públicas.

Pero ¿cómo queda la situación respecto a las personas físicas? La Ley 39/2015 establece que también quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria (abogados, procuradores, ingenieros, arquitectos, médicos, etc.), estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. (Eso si, sólo cuando intervengan precisamente en el ejercicio de dicha actividad profesional).

¿Qué efectos tiene su incumplimiento? El mismo puede ser constitutivo de infracción tributaria, incluso de consideración de extemporaneidad del recurso o trámite presentado, con los graves perjuicios que esto puede suponer, más allá de la sanción.

Como venimos haciendo desde hace tiempo, y ahora más si cabe, seguimos insistiendo en la necesidad de que nuestros clientes personas jurídicas, y aquellos que también realicen actividades profesionales, cuenten con:

  • Firma Electrónica de la FNMT
  • Alta en nuestro servicio de Notificaciones Electrónicas.

Desde VSR, podemos ayudaros en la obtención del certificado digital y de las notificaciones electrónicas obligatorias, creando tranquilidad y ahorro de costes en los trámites con Hacienda y resto de Administraciones Públicas.